Nota de Caja Forense al Colegio de Abogados

 

 

Mendoza, 28 de agosto de 2020.-

Sra.

Presidente del

Colegio de Abogados y Procuradores

de la Primera Circunscripción Judicial

Dra. ANDREA DISPARTE

S.                              /                           D.:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su digno intermedio al H. Directorio que Ud. preside, en respuesta a la nota oportunamente enviadas.-

Así mismo, agradecemos la ocasión de aclarar algunas cuestiones en que, como autoridad de aplicación de la Ley 5059, advertimos cierta falta de conocimiento mínimo entre nuestros pares, causante de no pocos equívocos que, como bien nos señala vuestra nota, el Colegio debe atender.-

Hacemos propicia la oportunidad para solicitar de Ud. y del H. Directorio la elaboración de políticas de comunicación conjuntas, en la convicción de que igual importancia revisten la colegiación, durante la vida activa del profesional, y la previsión social, al tiempo en que el colega o su grupo familiar se ven comprendidos en alguna de las contingencias cubiertas por nuestro régimen previsional.-

Así mismo, se le informa que la presente ha sido aprobada por unanimidad por el H. Directorio de Caja Forense, conforme Acta n° 1193.-

1) Con relación a lo pedido en el primer punto, nos permitimos señalar que nuestro régimen presupuestario no contempla la existencia de “superávit”, sino de excedente operativo, el cual se encuentra gobernado por dos normas prioritarias, que prevén la distribución del mismo en proporción al puntaje acumulado por los beneficiarios durante su ejercicio activo (los que se calculan en base a los aportes en juicio), previa afectación de una suma igual al 10% de la recaudación total a la constitución de reservas.-

Según lo solicitado por Uds. en el sentido de evitar exposiciones sobre la legislación vigente, omitimos abundar sobre tales normas. Conforme el balance publicado en la página institucional de Caja Forense (http://cfm.org.ar/index.php/institucional/memoria-de-balance), sobre un egreso operativo total de $ 390.782.588,96, originado en el pago de beneficios, el excedente operativo bruto fue de $ 186.583.959,50. Descontada la formación de reserva (en imposiciones de bajo riesgo y rentabilidad media a vuestra disposición en el referido balance), el resto se distribuye entre los beneficiarios según su derecho a participación, en una suma variable que integra, junto con la suma fija básica, el haber jubilatorio. Del referido balance -aprobado por Asamblea Ordinaria de afiliados y regularmente auditado-, surge con claridad el monto de ingresos, egresos e inversiones, con discriminación de las mismas.-

2) La remuneración del personal sobre la que se nos solicita informe en el punto segundo es la siguiente: Los Sres. Directores perciben en concepto de compensación una suma igual a un haber jubilatorio, el que se liquida en función de su asistencia a las reuniones de Directorio, conforme lo previsto por el art. 8..-

El Sr. Gerente percibe el sueldo correspondiente a $ 115.000, y el personal, tanto jerárquico como no jerárquico, es retribuido por aplicación de las paritarias estatales, encontrándose sujetos al Estatuto del Empleado Público (art. 60).-

3) La Caja ha elevado numerosas propuestas de modificación de la Ley 5059, verbigracia, ampliando el plazo de exención de los jóvenes profesionales de cinco meses a dos años, reconociendo derecho a voto en las Asambleas para  jubilados, ajustando el monto de las contribuciones según los nuevos tipos de procesos, etc..-

Con respecto a vuestra consulta sobre la posibilidad de modificar el régimen de “aportes complementarios”, y la aclaración de las dificultades que supone para los profesionales de determinadas especialidades cubrir el mismo, nos consideramos en la obligación de manifestarle que no somos ajenos a tales dificultades.-

Advertimos sin embargo que el régimen de Caja Forense, de matriz solidaria, requiere como condición de sostenimiento de los jubilados un esfuerzo contributivo de sus afiliados activos igual al 11% del haber previsional, de modo que una alícuota menor haría imposible el pago de jubilaciones, según lo demuestra cualquier estudio actuarial. Con respecto a los adicionales, resulta trasladable en cabeza del representado o patrocinado por el profesional (y, eventualmente, del condenado en costas), lo que aligera enormemente su obligación contributiva total. Solamente en caso de que al cierre del ejercicio no haya alcanzado a integrarlos, deberá el profesional abonar la diferencia.-

Nos parece claro que el esquema de solidaridad que establece la ley es sumamente beneficioso para la mayoría de los profesionales, pues permite, así como en la relación de empleo privado, trasladar en cabeza de quien se beneficia con sus servicios gran parte de su débito previsional, tal cual hace el ANSES en cabeza del empleador.-

El hecho de que, por diversas razones, determinadas modalidades de ejercicio profesional impidan esta traslación, deriva la cuestión al ámbito de la previsión particular, donde el profesional deberá, a la hora de estimar sus honorarios, incluir la parte proporcional de su obligación contributiva, de modo que lo que no obtiene en forma compulsiva, bajo la forma de aportes en juicio, lo obtenga por vía de convención.-

Cabe aclarar que los problemas del ejercicio profesional en sus distintas modalidades, es única y exclusivamente incumbencia del Colegio de Abogados, quien debe velar por los valores de los honorarios acorde a la labor desarrollada.-  

4) La razón principal por la que no se instrumentaron préstamos a tasa cero, no sólo es la prohibición legal que sanciona el art. 10, inc. e, que exige de los préstamos “que reditúen un razonable interés”, sino también y. fundamentalmente, concentrar la atención en el pago de los beneficios, atento a la crisis que afecta a nuestros profesionales por la razones que son públicas y notorias que ha traído, como consecuencia de ello, la merma sustancial en la recaudación.-

Este H. Directorio ha adoptado, como nos precisan en su nota, numerosas medidas para solidarizarse con la situación actual del profesional, prorrogando vencimientos, suspendiendo apremios y subsidiando con tasas preferenciales el pago de deuda en mora con muy convenientes condiciones y resuelto planes de pago para los afiliados que no han podido cumplir con los aportes de los meses de aislamiento.-

En una economía de recursos limitados –tanto más cuanto menor ha sido la recaudación, por causa de la referida crisis con el uso de reservas para cumplir con los pagos a los beneficiarios- no permite al H. Directorio cumplir con lo que, en el concierto económico actual, constituiría una liberalidad, como el préstamo a tasa cero por el que nos consultan; pues ello aparejaría la consecuente responsabilidad en el ejercicio de nuestra función.-

Los fondos que administra la Caja y nuestra tarea de administración, tal como encabezamos la presente, se ordena por entero a prestar servicios a jubilados, pensionados, beneficiarios y pago de subsidios. Así como no puede decirse que el Colegio, que no presta servicios a los pasivos, beneficiarios y subsidios, no sea solidario con ellos, del mismo modo constituiría un error suponer que la Caja no lo fuera con los activos por no ofrecer un menú de auxilios que su economía no permite.-

Basta, también, con consultar los balances para advertir que, descontadas las reservas legales, el total de la recaudación se aplica casi por entero al pago de jubilaciones (87,81%, del Ejercicio actual). De tal modo, la Caja carece de recursos para atender a otras necesidades, amén de su urgencia.-

Ello no quita los muchos servicios que Caja Forense presta a los afiliados activos (subsidios por maternidad e incapacidad, por hijo adoptado, por hijo discapacitado, etc.); prestaciones de toda necesidad a las que igualmente ha atendido, a pesar de la pronunciada caída en la recaudación. Insistimos, por tanto, en que supone un error institucional grave contraponer el interés de activos y pasivos, o la urgencia de aquéllos con la de éstos, para inferir de la atención prioritaria que la ley asigna a uno de ellos –el de los jubilados-, el desprecio por el otro –el de los abogados en ejercicio.-

5) Consideramos contestada en el punto anterior vuestra requisitoria del punto quinto (otorgamiento de un concepto similar al I.F.E.).

6) El total de subsidios por maternidad otorgados en el ejercicio anterior fue de 55; y en lo que va del corriente, es de 29. Los subsidios se otorgan conforme la partida aprobada a tal efecto por la Asamblea Ordinaria de afiliados. En los últimos cinco ejercicios se ha incrementado la misma (con la consecuente repercusión en el excedente operativo a distribuir entre los beneficiarios) a fin de contar con previsión suficiente para atender a todas las solicitudes de subsidio. En los casos de ejercicios anteriores, en que se produjo el agotamiento de la partida, se ha aplicado excedente de otras partidas presupuestarias para atender a las peticiones. En los últimos cinco años no ha habido ningún rechazo por falta de partida.

7) Nos permitimos excusar el acompañamiento de nómina completa de los afiliados pasivos, por entrañar la misma, datos sensibles protegidos por Ley. En consecuencia, indicamos la cantidad de beneficiarios por categoría, con aclaración de que la suma fija que integra el haber jubilatorio correspondiente a la categoría “D” (es decir, la que perciben un jubilado ordinario o beneficiario del art. 59), asciende a la fecha a $ 51.894, sin el descuento de OSEP. Dicho haber se integra con la participación proporcional que corresponde a cada beneficiario según el puntaje acumulado en su cuenta y, en los casos de beneficiarios que carecen de otro beneficio previsional, con el subsidio por única prestación, actualmente de $ 6.000). En los casos de pensión, dichos haberes son reducidos en un 25%.-

8) Con relación al punto en cuestión, nos es grato contar con la oportunidad de esclarecer el equívoco de muchos afiliados, entre los que se ha deslizado la mención del beneficio previsto por el art. 59 como “media jubilación”, tal como nos hacen constar en la nota. Desconocemos el origen de tal error, pero bastará consultar el texto del dispositivo por Uds. citado para advertir que el beneficiario del art. 59 percibe un haber idéntico en su quantum al del jubilado.-

Por tratarse de profesionales que continúan en el ejercicio activo de la profesión, y no constituir propiamente tal beneficio una jubilación en sentido técnico (pues la jubilación es sustitutiva del ejercicio, y no concomitante al mismo), la misma no se integra con el subsidio por única prestación; pues –reiteramos- no se trata de una prestación previsional. Se trata de un auxilio tendente a solventar el abandono progresivo de la profesión, para generar mercado laboral en beneficio de los nuevos profesionales, que serán quienes hayan de solventar a los pasivos que los precedieran en el ejercicio. El haber bruto  de dicho beneficio asciende a $ 51.894, sin los descuentos del aporte mensual y obra social (OSEP), además de tener que integrar los adicionales en el caso que no hayan alcanzado a completarlos.-

9) Como bien sabrán los distinguidos Directores, las categorías vienen definidas por ley y el aporte es resuelto anualmente por la Asamblea Ordinaria, compuesta por todos los afiliados activos.-

Actualmente, las distintas categorías abonan a título de aporte mensual las siguientes sumas:

Categoría “A” (hasta cinco años de ejercicio): $ 2.731.-

Categoría “B” (entre cinco y diez años): $ 4.132.-

Categoría “C” (entre diez y veinte años): $ 5.039.-

Categoría “D” (más de veinte años): $ 5.708.-

A su vez, las mismas están compuestas de los siguientes profesionales:

Categoría “A”: 1.627.-

Categoría “B”: 1.095.-

Categoría “C”: 1.720

Categoría “D”: 1.567

Se hará fácil advertir que la progresividad en el aumento de la obligación contributiva según el tiempo de ejercicio, pues la ley presume que un ejercicio más dilatado implica un mayor ingreso y, por tanto, mayor capacidad contributiva. Asimismo, se verá que, en proporción inversa, el número de integrantes tiende a disminuir sensiblemente con el paso de categoría.-

10) Los ajustes de los aportes mensuales ha sido dispuesta por Asamblea Ordinaria, único órgano autorizado para ello. En rigor, lo que decide la Asamblea es el incremento de las jubilaciones, que repercute en forma proporcional sobre el aporte de los afiliados activos, según lo expuesto en el punto 3.-

En tal sentido, la última Asamblea Ordinara resolvió incrementar las jubilaciones, en respeto de la movilidad jubilatoria consagrada por la Constitución, según el índice de precios al consumidor Zona Cuyo que informa el INDEC. Es decir que la decisión relativa al aumento de la “cuota” –según nos solicitan informemos- fue dispuesto por todos los colegas en ejercicio activo de la profesión con derecho a voto.-

11) En cuanto a las soluciones alternativas para el caso de profesionales que se encuentren en mora a la fecha en que se produzca alguna  de las contingencias de la seguridad social a nuestro cargo, esta Institución ha arbitrado numerosos resortes.-

Así, por ejemplo, ha dictado resoluciones de carácter general por las que se permite a los beneficiarios del art. 59 (y derechohabientes con derecho a pensión) que registren deuda por adicionales, acceder a la jubilación ordinaria contra el descuento de un 11% mensual del haber hasta la concurrencia con su deuda.

Similar régimen se ha previsto para cualquier afiliado que adeude los adicionales diferidos (no exigibles) durante los primeros cinco años; en muchos casos de incapacidad, se ha dispuesto declarar no exigible la deuda generada durante el impedimento laboral.

En los casos de deudas de mayor cuantía se ha instrumentado un préstamo que permitiera cancelar la misma, convirtiendo de tal modo una deuda previsional  en una civil, que no impide el perfeccionamiento del derecho jubilatorio; etc.

En todos los casos, la pauta orientadora de la actividad de esta Institución ha sido la de facilitar el acceso a los derechos de la seguridad social; pauta que, asimismo, revierte en la importancia de que el afiliado activo se encuentre in bonis con el sistema, a fin de evitar cualquier inconveniente en el disfrute del beneficio en caso de que se produzca alguna contingencia.

Tal objeto exige, a nuestro entender, una tarea conjunta de concientización por parte de todas las instituciones forenses y, principalmente, del Colegio a vuestro cargo, de gran llegada a los profesionales más jóvenes.

12) No obstante algunas imprecisiones en torno al pedido de informes sobre el “manejo” de aportes en juicio que exceda del monto del adicional, cumplimos en informar lo siguiente:

Tal como hemos expuesto más arriba, el aporte en juicio busca desgravar al afiliado de la mitad de su carga contributiva total. Pero, a más de ello, genera en la cuenta individual del afiliado un derecho –en expectativa- al cobro de una jubilación mayor, en función del puntaje que registre a la fecha de su jubilación. Tal puntaje se acumula en proporción a los aportes en juicio con más adicionales que registre a su nombre.-

El régimen previsional de Caja Forense puede considerarse, en tal sentido, mixto, pues al tiempo en que observa los caracteres del régimen de reparto (en cuanto da derecho al pago de una suma fija igual en todos los casos), con notas propias del régimen de capitalización (en cuanto confiere derecho a una suma mayor en proporción al puntaje registrado), de modo que mayor será el haber total en la medida en que más aportes registre el profesional.-

Por su parte, el “exceso” a que Uds. hacen referencia genera a su vez un crédito para el ejercicio siguiente, de suerte que si, verbigracia, un afiliado registrara durante un ejercicio el doble de aportes necesarios para cubrir su obligación, el año siguiente no adeudará adicional alguno, aunque no haya registrado aportes en juicio.-

13) Las razones que se nos piden en el punto decimotercero exigen una aclaración previa. Se nos reclama la exposición de motivos sobre el porqué de no eximir del pago de los cinco primeros meses de aportes personales (pues son cinco y no seis, como incorrectamente se puntualiza en vuestra nota), en el caso de profesionales matriculados entre los meses de octubre del año anterior y el mes en curso, lapso en que el H. Directorio del Colegio entiende que dichos profesionales no habrían podido ejercer la profesión.-

Tal pedido omite explicar por qué dicha franja de profesionales habrían visto impedido el ejercicio y no así los profesionales restantes, en cuyo caso la actual situación sanitaria constituiría un supuesto de fuerza mayor absoluto, que habría ameritado su declaración como tal de la autoridad de aplicación con competencia sobre la matrícula. Lo que queremos señalar es que, si ha existido un impedimento de tal naturaleza, no se explicaría el consentimiento a la vigencia de trámites y plazos procesales por parte del Colegio; y si no, debiera aclararse el porqué de un impedimento diferenciado con relación a una determinada franja de profesionales.

No obstante ello y atento a las circunstancias de imposibilidad de trabajo por causa del aislamiento, se ha dispuesto declarar “no exigible y no computable” los meses de abril y mayo del corriente, a todos aquellos colegas que hayan sido alcanzados por estos 5 primeros meses, a fin de darle un alivio en el pago de los aportes correspondientes a los mismos.-

14) Atendiendo al legítimo reclamo por parte de los Colegios de Abogados, interesados en dar debida difusión sobre el funcionamiento de esta institución, Caja Forense decidió encomendar tal tarea al Dr. Alberto Darío Lucero, quien además de haber sido presidente de Caja Forense, es un especialista en materia jubilatoria, autor del libro “Seguridad Social de Abogados y Procuradores en la República Argentina”, integrante de la Coordinadora de Cajas Profesionales a nivel nacional, profesor universitario en la carrera de Derecho de la UNC con más de treinta y dos años de experiencia, profesor de Post Grado en la Diplomatura de Seguridad Social en la UNC y, que, en suma, goza de un conocimiento privilegiado de una normativa altamente técnica como es la Ley 5059, al que abunda su experiencia en torno al funcionamiento de la Caja.-

La nota por vosotros remitida a esta Institución nos confirma en el acierto de tal decisión, toda vez que deja ver que, incluso entre profesionales de encumbrado prestigio, elegidos por sus pares para gobernar la Institución que nuclea a los matriculados, existe un preocupante desconocimiento sobre los alcances, funcionamiento y beneficios de nuestra norma previsional, lo que ratifica la necesidad de una amplia difusión en la materia.-

En cumplimiento de la misión asignada, el Dr. Lucero ha dado y da numerosos ciclos y cursos en las distintas circunscripciones territoriales, incluida la Primera Circunscripción, que nos han valido notas de agradecimiento de los Colegios de Abogados de la Segunda, Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial, brindando, incluso, cursos en el departamento de Malargüe.-

Es de notar, por lo demás, que todas las gestiones precedentes de esta Institución se han valido de consultores especialistas o Asesores Institucionales, según lo requiere el alto grado de especialidad del Estatuto de Caja Forense.-

Tal como se nos señala hacia el final de vuestra nota, tanto esta Caja como el Colegio a vuestro cargo constituyen instituciones basales del ejercicio profesional, razón por la cual bien pueden considerarse como pertenencia y –más aún- bastiones institucionales de abogados y procuradores. No consideramos, empero, que tal circunstancia (esto es, que la Caja efectivamente sea pertenencia de los profesionales del derecho) deba ser “demostrada”, pues no existe duda a tal respecto; así como no existe duda, ni deber de demostrar, que el Colegio pertenece a todos los profesionales, y no tan sólo a quienes canalicen a su través, y no por los cauces institucionales pertinentes, sus reticencias para con un sistema de solidaridad compulsiva que ha sido invariablemente validado por nuestro Superior Tribunal Federal, y cuyos beneficios para los profesionales son a toda luces muy superiores a los que pudiera proveerles el ahorro individual.-

Nos parece de toda lógica que si la Caja y el Colegio constituyen pertenencia de los profesionales, no puede mediar entre ambas sino una distinción formal, a saber: que la una mira al ejercicio, en tanto la otra mira al retiro digno, con cargo a los profesionales en actividad.-

De allí que los problemas del ejercicio activo, las dificultades de inserción laboral, la mayor o menor dignidad de la retribución profesional, las condiciones de ejercicio, etc., constituyan competencia exclusiva del Colegio, toda vez que Caja Forense se encuentra concentrada por entero a procurar a quienes han abandonado la profesión, la dignidad de vida que la Constitución reclama.-

No sin señalar que elementales razones de cortesía institucional imponen la puntual respuesta a sus inquietudes, no podemos menos de recordarles que las atribuciones legales en que vuestra nota apuntala las facultades del Colegio para solicitar informes son, en el esquema de ley, atribuciones propias de la Asamblea de afiliados, que anualmente auditan, controlan y deciden la mayor parte de las cuestiones sujetas a informe; y que dichos afiliados (correspondientes a todas las circunscripciones) cuentan en el seno del Directorio con su representante propio, controlador de la legalidad de su gestión, que es el Síndico.-

Ello no obstante, y tal como nos señalan, la ocasión se hace propicia para una mejor comunicación de los profesionales del derecho, por lo que solicitamos de Uds., a tenor de lo requerido, dar la presente nota a igual publicidad que la por Uds. elevada.-

Por último, cabe aclarar que la solicitud formal de la copia del Acta de Directorio que resolvió el envío de la nota que damos repuesta, lo ha sido a fin de garantizar la legalidad del procedimiento, toda vez que esta Institución se rige  por la Ley de Procedimiento Administrativo- formó un expediente que ha sido llevado a conocimiento de su H. Directorio-, y necesita ser completado el mismo con dicho instrumento. Atento ala demora del instrumento solicitado, que esperamos se acompañe y, la “aparente” ansiedad generada en algunos/as colegas sobre conductas inexistentes del H. Directorio, enviamos la presente, dejando expresamente aclarado que jamás se ha retaceado ninguna información y, de solo leer la solicitud dirigida al Colegio del Acta de Directorio que Ud. preside, lo demuestra.-

Renovando nuestras anteriores solicitudes de mayor comunicación institucional, saludamos a la Sra. Presidente y a los Sres. Vocales del H. Directorio con distinguida consideración.-

 

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Pago exclusivo por Transferencia Bancaria

03-10-2018 Novedades

  A los Sres. Afiliados y Prestadores del Régimen de Asistencia Medica les comunicamos que el 1ro de Octubre de 2018 entró en vigencia el pago exclusivo mediante transferencias bancarias de reintegros y pagos de prestaciones medicas.

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