La Caja Forense nuclea a los abogados y procuradores de la provincia de Mendoza y cumple funciones previsionales delegadas por el Estado desde el año 1950, hoy a través de la ley 5059, a partir de allí que la Caja desarrolla una actividad de eminente contenido social ya que los preceptos que rigen su accionar permiten el mejor y más adecuado cumplimiento de los fines de su creación.

Por tratarse de una entidad de derecho público no estatal, con individualidad financiera, tanto el sistema asistencial como previsional se provee con recursos propios, no significando erogación del erario público y concurriendo a la prestación de los servicios a un importante núcleo de la sociedad los cuales son los abogados y procuradores con sus respectivas familias.